En el pasado, el mejor ejemplo de autoridad lo encarnaban los médicos, a quienes se les reconocía el conocimiento y la intención de actuar a favor del bienestar del paciente existiendo una verdadera relación médico-paciente, que muchos echan de menos.
En el ámbito sanitario, esta pérdida de autoridad se manifiesta en dos fenómenos diferenciados pero intrínsecamente unidos: por un lado el aumento vertiginoso de las reclamaciones y por otro el incremento de las agresiones a los médicos.
En ambos fenómenos son decisivos diversos factores, unos internos al propio paciente y otros dependientes del entorno.
Factores relacionados con el paciente
Entre los primeros, encontramos la mala relación médico paciente, el afán de enriquecimiento buscando transformar el dolor en dinero, la existencia de un resultado no esperado que lleva aparejado el nacimiento de sentimientos de culpa, venganza, resentimiento, la influencia de los medios de comunicación que criminalizan al médico y victimizan a los pacientes, la nueva percepción de la medicina como algo infalible y la objetivación de los resultados, los recelos en torno a la profesión nacidos por la idea de honorarios excesivos, entre otros muchos factores.
Factores del entorno
Entre los segundos podemos hallar; una sociedad cada vez más exigente y reclamante, el incremento de la actividad de los médicos y la sobresaturación de estos, la reducción de costes y recursos, la disminución del tiempo empleado por paciente, la no indemnización al médico demandado injustamente, las amplias posibilidades de reclamar por diferentes vías y con reducidos costes: Penal, Civil, Administrativa, Ética, Disciplinaria, y sin que sean excluyentes unas de otras.
Al hilo de lo anterior, cobra una gran importancia la configuración de la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, de 14 de Noviembre de 2002. En la práctica esta Ley se ha traducido en una sobreprotección del paciente y en una importante carga para el médico, muchas veces con costes difícilmente asumibles que han abierto la puerta a las reclamaciones, por ejemplo en lo relativo al consentimiento informado. Esta ley en su articulo 8 dice:
“El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente”.
Esta redacción tan amplia como ambigua, deja a la libre interpretación del juzgador la necesidad de forma escrita del consentimiento informado, haciéndolo en principio exigible por escrito en casi todos los casos, y ha provocado que un gran número de reclamaciones se fundamenten casi exclusivamente en el daño moral derivado de la ausencia de información, trasladando la carga de la prueba al médico, que se traduce en la necesidad de realizar completos y minuciosos documentos que recojan toda la información que tradicionalmente era verbal, con el consecuente coste de tiempo y pérdida de actividad para el médico.
Justicia universal
A todo ello, hay que añadir la facilidad de acceso a la justicia, que hace que muchos pacientes reclamen a su médico, incluso por vía penal, a pesar de que no existan indicios de criminalidad, con el único objetivo de obtener documentación de forma rápida y gratuita, tales como informes forenses, que luego pueden utilizar en otras vías si se archivara la vía penal, sin tener que correr muchas veces ni con los gastos de abogado, y sin arriesgarse al pago de las costas del proceso, en caso de demostrarse que la reclamación no estaba justificada.
Por otro lado, y en el que nos merece mayor reproche, descubrimos el fenómeno de las agresiones a los médicos y su inquietante incremento en los últimos años, tanto los Colegios de Médicos, como las Fiscalías, como los propios Tribunales han manifestado su preocupación y su intención de dignificar al médico y otorgarle una mayor protección.
Los Tribunales de Primera Instancia de numerosas ciudades siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo y en consonancia con los protocolos de las Fiscalías Provinciales y la Fiscalía General del Estado, han establecido que agredir a un médico del servicio público sanitario constituye un atentado contra la autoridad, lo que supone la posibilidad de que se condene al agresor a una pena de prisión de uno a tres años, en virtud del articulo 550 y 551 del Código Penal más la correspondiente pena de multa.
Siguiendo esta línea y cuando la agresión no fuera tan grave como para poder considerarse delito, por ejemplo en el caso de insultos leves, algunos tribunales han entendido que se trataba de faltas contra el orden público, lo que implica un aumento de la pena respecto a la falta de amenazas, injurias o vejaciones. Mientras que en el primer caso la pena máxima es multa de 60 días, en el segundo se reduce a 20 días.
Para que pueda considerarse atentado contra la autoridad, es necesario:
– Que el sujeto pasivo de la acción sea autoridad, sus agentes o funcionarios públicos. El Tribunal Supremo entiende que los médicos que trabajan para la sanidad pública son funcionarios públicos y por tanto cumplen este requisito.
– Que el sujeto esté en el ejercicio de su cargo o función o esté motivada la acción en tal ejercicio. Es decir, derivada de la atención sanitaria prestada.
– Que exista, un ánimo o propósito de ofender a los sujetos pasivos con detrimento del principio de autoridad, ánimo que se presume si el sujeto activo conoce el carácter público de la víctima. Es decir, que sepa que somos médicos.
– Que se emplee fuerza, intimidación grave o resistencia también grave.
– Que el médico no se extralimite en su función.
A esta preocupación, se ha unido desde ya varios años la correduría de seguros Uniteco que ha creado pólizas de Responsabilidad Civil Profesional que incluyen entre sus coberturas las denuncias contra pacientes por agresiones a sus asegurados, poniendo a su disposición abogados expertos y externos, que gestionan la denuncia con discreción y profesionalidad, consiguiendo que en esos momentos donde parece no encontrar un apoyo firme se sienta arropado por el trato humano que dispensa Uniteco Profesional con sus médicos asegurados y así se sienta arropado.
La consecuencia de todo lo expuesto, es la expansión de una medicina cada vez más conservadora, y protocolizada unida a la desmoralización y desmotivación de los profesionales sanitarios, profesionales que durante años de experiencia han visto recompensado el esfuerzo y el trabajo en la confianza y el agradecimiento de la sociedad, y que en los últimos tiempos tiene que comprobar cómo se frivoliza el dolor y la salud y se utiliza de manera lucrativa, llegando a duplicarse los siniestros en tan solo 4 años, y llegando incluso en algunos hospitales a presenciar cómo abogados reparten tarjetas en las salas de espera entre los pacientes, en busca de un futuro cliente reclamante, por no mencionar las habladurías de abogados vestidos con bata visitando a los pacientes o familiares.
Elena Morales Ávila
Abogada DS Legal Group
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