La Ley de Autonomía del Paciente, eje principal de las relaciones clínico-asistenciales

La Ley de Autonomía del Paciente es la norma que vela por el cumplimiento de los derechos de los pacientes. Este precepto concibe los derechos de los pacientes como piedra basal de las relaciones clínico-asistenciales. De hecho, en esta ley se citan textos tan relevantes como la Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 y la Declaración sobre la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa. Esta última aprobada por la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud en el año 1994.

La Ley de Autonomía del Paciente o Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente afronta claramente las cuestiones referentes a la relación clínico-asistencial, derechos y deberes de los usuario y pacientes y a la historia clínica.

Regulación de la ley de autonomía del paciente

La Ley de Autonomía del Paciente pretende asegurar el derecho de los pacientes a la información sanitaria, así como al respeto de la voluntad del paciente en decisiones relativas a su salud. Esta normativa se enmarca dentro de un nuevo modelo de atención sanitaria denominado autonomista. Este nuevo paradigma concibe la participación activa de los pacientes en los procesos asistenciales. Además, solicita a los médicos que colaboren y faciliten la participación de los pacientes.

De hecho, es un aspecto fundamental en cualquier intervención en el ámbito médico la información y consecución del consentimiento de la persona. Además, es un deber más de los profesionales sanitarios así como puede ser un correcto desempeño de su trabajo.

En este sentido, se instauran las obligaciones y deberes en materia de documentación sanitaria e información. El médico debe mostrarse colaborativo en la producción y conservación de una documentación clínica de manera organizada y secuencial a la hora de atender a los pacientes y llevar a cabo las obligaciones de información.

De hecho, esta normativa es la encargada de regular el consentimiento informado, la historia clínica, las voluntades anticipadas o el derecho del paciente a recibir la información sobre su estado de salud.

¿Qué es el principio de autonomía del paciente?

El principio de autonomía alude a la capacidad de decisión del paciente sobre los temas relativos a su salud y su libertad.

Este principio propone considerar las preferencias del paciente en aquellos temas de salud referentes a su persona. De hecho, está relacionado fuertemente con la capacidad de decisión de los pacientes. Aunque, esto no significa que el paciente lleve la voz cantante dejando al médico en una posición inferior.

Una buena práctica clínica conlleva el conocimiento así como la toma y aplicación de decisiones correctas para el cumplimiento de la información dotada al paciente, de la documentación clínica y el respeto de las decisiones que el paciente tome libre y voluntariamente. No obstante, debe realizarse considerando los otros principios de la bioética.

En definitiva, la autonomía del paciente implica la práctica de una medicina enfocada en el paciente, que conlleva:

• Dotar al paciente de toda la información relevante usando un lenguaje comprensible
• Saber escuchar durante la entrevista
• Ser empático, entender las emociones del paciente, su situación, expectativas y deseos.
• Considerar las preferencias del paciente sobre su dolencia de acuerdo con las implicaciones socio-familiares de sus problemas de salud e implicaciones personales
• Información clara y conforme a los deseos del paciente
• Respetar la confidencialidad

No obstante, hay que señalar que esta autonomía puede entrar en disputa con otros fundamentos de la bioética como la no maleficencia y la justicia.  

En definitiva, la Ley de Autonomía no implica que el paciente marque la pauta del tratamiento, imponiendo su decisión por encima de la del profesional médico. Hay que recordar que la Ley de Autonomía del Paciente es la piedra basal de las relaciones asistenciales médico-paciente, por lo que, es fundamental que el profesional conozca bien esta normativa para no incurrir en problemas que le repercutan en posibles reclamaciones que pongan en peligro la vida personal y profesional del médico.