Varios sanitarios sancionados con un expediente disciplinario por declaraciones en un caso en el que no estaban siendo investigados

Este caso es un firme ejemplo de la importancia de estar asesorado cuando la Administración solicita información en una investigación previa, incluso cuando el instructor intenta ganarse la confianza del declarante, indicándole que la investigación no va dirigida hacia él.

Se inició una investigación o expediente informativo previo por parte de la Administración tras la denuncia de un funcionario público ante la posible utilización de materiales para uso privado por parte de un compañero de servicio.

Durante esta investigación, los instructores del expediente solicitaron la comparecencia de varios profesionales sanitarios, compañeros del médico investigado, con la finalidad de conocer si este utilizaba medios públicos para uso propio, tal y como reflejaba la denuncia que dio lugar al expediente.

Confiados en la labor de los instructores del expediente, ya que al fin y al cabo eran compañeros de trabajo y les comunicaron que el procedimiento no iba a dirigido a ellos, los profesionales sanitarios acudieron a declarar sin la asistencia de un abogado que les asesorara en su comparecencia y les guiara durante la declaración.

Precisamente, a pesar de que el procedimiento informativo previo no estaba dirigido hacia la actividad de los testigos, les hicieron varias preguntas, que los instructores denominaron “de rigor”, relacionadas con su actividad profesional fuera del ámbito público.

Muchos de estos testigos manifestaron que realizaban pequeños trabajos sin importancia en la actividad sanitaria privada durante su tiempo libre, lo que quedó reflejado en el acta que los sanitarios firmaron al terminar su comparecencia.

Finalmente, el expediente informativo previo concluyó con su archivo por falta de pruebas que pudieran reflejar indiciariamente la utilización de bienes públicos para fines privados.

Sin embargo, la información facilitada durante la instrucción de la información previa fue utilizada para incoar un expediente disciplinario a los profesionales sanitarios que realizaban la actividad privada declarada, por mínima que fuese, sin la preceptiva autorización de compatibilidad, siendo, a la postre, sancionados por esta situación.

Las sanciones que impuso la administración pública podrían haberse evitado si, en su comparecencia, los profesionales hubiesen sido asistidos por un letrado que les asesorara durante el interrogatorio. Esto demuestra, una vez más, la importancia de estar bien asesorado ante cualquier situación que conlleve la participación de un profesional sanitario en un procedimiento administrativo, y revisar si en las coberturas de su póliza de Responsabilidad Civil Profesional se incluyen este tipo de asistencias, lo cual le ahorrará, no solo importantes gastos de defensa, sino también más de un disgusto.