imagen-santgiarioLa Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un médico de familia de Reinosa a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación profesional por consultar la historia clínica del amante de su esposa. Tras el juicio celebrado el pasado 16 de mayo el tribunal ha fallado en contra del facultativo por un delito de descubrimiento de secretos, al comprobarse que accedió a la información sin autorización ni consentimiento del afectado, ya que no era paciente suyo.

El galeno ha declarado en la vista oral que pretendía comprobar si el citado amante padecía alguna enfermedad de transmisión sexual con el fin de evitar un posible contagio. También ha indicado que ignoraba que actuara fuera de la legalidad, ya que su único fin era salvaguardar la salud de su esposa y la suya propia. La magistrada Almudena Congil ha rechazado estas alegaciones teniendo en cuenta la formación académica y la amplia trayectoria del acusado, concluyendo que “el mero hecho de ser médico no autoriza a consultar la información clínica de quienes no son sus pacientes”.

Además de la mencionada pena, la Audiencia le ha impuesto una multa de 4.050 euros e indemnizar a la víctima con otros 2.000 euros por daños morales. La acusación particular pedía para él penas de tres años y medio de cárcel y nueve de inhabilitación absoluta, sin embargo la Audiencia ha descartado que se trate de un delito continuado, ya que entre los dos accesos que el doctor llevó a cabo -del 31 de enero al 8 de febrero de 2013- únicamente transcurrieron ocho días.

El fallo considera probado que el médico utilizó sus claves para acceder al sistema del Servicio Cántabro de Salud y consultar en dos días diferentes varias analíticas del laboratorio de bioquímica e informes de atención primaria. La sentencia, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, deja claro que se trata de una violación del derecho a la intimidad de las personas, valiéndose de la utilización de un cargo público para este fin.

Es por ello que en este caso se ha aplicado el artículo 198 del Código Penal, que castiga con mayor dureza este tipo de delitos cuando son cometidos por funcionarios. Sin embargo, el tribunal ha rebajado la pena a un año y tres meses de cárcel y tres años de inhabilitación profesional, teniendo en cuenta los atenuantes de reparación del daño -el acusado depositó 2.000 euros en el juzgado- y dilaciones indebidas, al haber transcurrido cuatro años entre la denuncia y el juicio.

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